- eltiempo.com entrevista a Ricardo Montenegro-Vásquez
Bogotá DC, 4 de julio de 2007. Con ocasión de la celebración del DIA NACIONAL DE LA JUVENTUD, redactores de ELTIEMPO.COM han contactado al Dr. Ricardo Montenegro-Vásquez, Director ejecutivo nacional del Movimiento PODER CIUDADANO adscrito al Partido Liberal Colombiano, para dar sus opiniones sobre el desarrollo de las políticas de juventud, en su calidad de antiguo dirigente estudiantil que impulsó el proceso que hizo realidad la ley 375 de 1996.
A continuación la entrevista concedida a
eltiempo.com1. En su opinión ¿Cuál es el balance de estos 10 años de la Ley de la Juventud?
Considero que el balance es pobre, los objetivos planteados con la ley que fueron dirigidos a apoyar el despunte de una nueva generación de dirigentes políticos y sociales ha quedado inconcluso.
2. Considera que esta ley aumentó la inclusión de la juventud de las políticas públicas? 
Si, de alguna manera sí, pero la limitación en el tema de recursos económicos que no quedó consagrado taxativamente en la ley y la ausencia de voluntad política en lo local para financiar procesos juveniles han sido el "talón de aquiles" de la politica pública de juventud en cada sección del país.
3. Cómo han evolucionado las políticas de juventud en Bogotá? En Bogotá es el lugar del país en donde más incidencia han tenido los procesos juveniles, y en donde mayormente se han aplicado programas a favor de la juventud. Creo que falta más, pero en el caso del Distrito Capital es satisfactoria la labor adelantada.
4. ¿Qué opinión tiene respecto al proceso de conformación de Consejos de Juventud en Bogotá? Creo que esta ajustado a la ley pero se ha politizado, la política pública de juventud debe apoyarse y dirigirse más a jóvenes de la sociedad civil que a los jóvenes con aspiraciones politicas.
CONTINUE... leyendo el artículo EUTANASIA PARA UNA LEYColombia, esquina de latinoamérica segunda en Biodiversidad y primera en reinados de belleza, es también el hogar de una frondosa legislación nacional.
Entre 1995 y 1997, en parte impulsados por las nuevas herramientas participativas de la constitución política expedida de 1991, un grupo de estudiantes universitarios nos dimos a la tarea de impulsar el estudio y aprobación de una ley marco para asuntos de juventud.
Finalmente, luego de la presentación de seis proyectos y arduas sesiones en el Congreso, fue expedida la ley 375 de 1997 que entregó elementos de juicio para la delimitación institucional de competencias en el diseño de políticas para este importante sector poblacional. Asímismo, establece un sistema de participación juvenil por medio de los Consejos Municipales y Departamentales de Juventud, materialización de los procesos emprendidos en Medellín y el Departamento de Bolívar.
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No Somos de Segunda
Tomado de la Revista Cambio 2006
Los homosexuales ganan la primera batalla por los derechos de las parejas 'gay'. Pero una encuesta de Opinómetro muestra que están lejos de ganar la guerra de la opinión.
"No somos ciudadanos de segunda, somos ciudadanos que pagamos impuestos, somos productivos y no reclamamos nada que no les den a los demás", dice Andrés Vásquez, un politólogo de 26 años de la Universidad Javeriana y quien durante cuatro años tuvo una relación de pareja con
Ricardo Montenegro, un abogado de la Universidad del Norte, de 35 años. Ya terminaron su relación pero siguen siendo buenos amigos y aunque no se consideran activistas de la causa LGTB -lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas-, desde 1999 y de la mano de la senadora Piedad Córdoba vienen impulsando un proyecto que garantice a los homosexuales el derecho a la igualdad y a la diferencia que consagra la Constitución. Creen que el proyecto que cursa en el Congreso es limitado porque sólo busca garantizarles derechos patrimoniales y seguridad social a las uniones de personas del mismo sexo, pero reconocen que es un avance.
Por su parte, Sebastián Romero, biólogo de 28 años, y Arturo Sanjuán, de 27 años, profesor de Matemáticas de la Universidad Distrital, que son pareja desde hace seis años, cuentan que viven juntos desde hace dos años y que, contrario a lo que les sucede a la mayoría de los homosexuales que no son aceptados por sus familias, ellos contaron desde el comienzo con el apoyo de sus padres. "Y eso que mi mamá es cristiana -dice Arturo-. Sin embargo, fue ella la que dijo en el Senado que tenía un hijo gay". Y agrega Sebastián: "Por eso la echaron de la Iglesia".
La pareja hace parte del Polo de Rosa, el sector homosexual del Polo Democrático y frente al tema del proyecto de ley en el Congreso, están convencidos de que es un paso importante: "Con la flexibilización laboral, hay períodos en que una persona puede quedar descubierta en salud y eso justamente fue lo que me pasó cuando tuve un accidente -cuenta Sebastián-. Tuve que pagar los gastos en efectivo porque aunque Arturo tiene seguridad social por su vinculación a la Universidad, yo no podía acceder a los servicios".
Desde 1999 hasta hoy, el Congreso ha hundido cuatro proyectos sobre un tema que, según algunos cálculos, compromete entre el 7 y 10% de la población. Pero como no hay quinto malo, esta vez la iniciativa liderada por el senador Álvaro Araújo, y acompañada por dirigentes uribistas y de la oposición como la senadora de La U, Gina Parody, el conservador Luis Humberto Gómez Gallo, y el senador del Polo Democrático, Luis Carlos Avellaneda, ponente en la plenaria, logró superar muchas dificultades y el martes de la semana pasada, tras el segundo debate en el Senado, obtuvo 49 votos a favor y 40 en contra. Un paso importante pero no el último en la dirección del reconocimiento de los derechos de la comunidad homosexual. Los promotores del proyecto saben que los dos debates que deberá surtir en la Cámara, en comisión y en plenaria, serán batallas más duras que las libradas hasta ahora.
Iglesia y opinión
La mayor oposición a la iniciativa la ha hecho la Iglesia Católica que, por medio del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Augusto Castro, fijó su posición en una carta que remitió al Senado el 28 de junio: "La Iglesia no puede aprobar las uniones homosexuales porque atentan contra la ley moral natural y porque el matrimonio sólo existe entre dos personas del sexo opuesto". Críticas similares han hecho las congregaciones cristianas -algunas de ellas representadas en el Congreso por senadoras como Claudia de Castellanos y Alexandra Moreno Piraquive-, que el viernes 6 de octubre desplegaron su artillería y lograron concentrar cerca de 100.000 personas en la Plaza de Bolívar para rechazar la iniciativa. Consideran que el proyecto atenta contra la familia y para oponerse al proyecto han echado mano hasta de publicidad agresiva, como los folletos que distribuyó entre los congresistas el representante cristiano Luis Enrique Salas, con fotografías de travestis y leyendas como: "Estos pueden ser los próximos profesores en nuestros jardines infantiles" y "Entre el 22% y el 60% de los homosexuales han sido pederastas".
Salas explica la ofensiva, considerada mezquina y de mal gusto, con el argumento de que "el pueblo cristiano, que representa el 95% de la Nación, no está dispuesto a admitir ultrajes contra la dignidad humana mediante la aprobación del sodómico (sic) proyecto por medio del cual pretenden sacar del closet al 1% de nuestros compatriotas, sino abrir de par en par la posibilidad de que en el mañana nuestros menores huérfanos y nuestros hijos en edad escolar sean adoptados o educados por personas que no reúnen las más mínimas calidades de moralidad". Preocupados por este tipo de discurso de las iglesias cristianas que, según la comunidad, incita a rechazar y a odiar a los homosexuales, Arturo y Sebastián lo califican de "muy peligroso" porque tiene mucha acogida entre le gente. "Estamos viviendo una época muy maniquea con el brote del fundamentalismo y esa división del mundo entre buenos y malos -dicen-. La fobia contra la homosexualidad crece y la pregunta es si lo que viene no es una propuesta para quemar maricas".
Y este es precisamente el problema: que los opositores del proyecto plantean el debate en el terreno de la moral y de las convicciones religiosas, a pesar de que la ley no pretende darles carácter de matrimonio a las uniones de homosexuales y su marco es la Constitución de un Estado laico, cuya obligación es garantizar los derechos fundamentales de toda la población, independientemente de raza, credo u orientación sexual.
"El Estado califica en forma negativa a los homosexuales, como si no tuvieran el mismo valor que los heterosexuales -dice Daniel Bonilla, director del departamento de Derecho Público de la Universidad de Los Andes-. Esto es grave para la misma legitimidad del Estado porque les vulnera varios de sus derechos fundamentales".
De ahí la importancia de entender el marco del debate y también por qué en este tipo de materias resulta válida la objeción de conciencia a la que tienen derecho los congresistas y que contempla la ley de bancadas.
Una encuesta contratada por CAMBIO a Opinómetro-Datexco -realizada el 3 de octubre en plena discusión del tema- con 700 personas mayores de 18 años en las 13 principales ciudades del país-, revela que con respecto a la propuesta del proyecto, que les reconoce derechos patrimoniales y seguridad social a las parejas homosexuales, la opinión está polarizada: 49,3% en contra y 43,5% a favor. Pero en relación a las preguntas sobre matrimonio y adopción todavía hay mucho temor porque el rechazo es altísimo: 75% se opone al matrimonio y 86.3% a la adopción (ver encuesta).
Si bien es cierto que adopción y matrimonio no son materia del proyecto, la discusión está sobre el tapete en casi todo el mundo, pero todo indica que en Colombia tendrá que pasar aún mucha agua por debajo del puente antes de que sean discutidos en el Congreso y aceptados por la sociedad. "El comportamiento homosexual es un asunto que en casi todos los países viene siendo debatido en las últimas décadas, porque compromete la estabilidad de las normas que las sociedades han establecido en aras de un adecuado ordenamiento de las costumbres -asegura Fernando Sánchez Torres, presidente del Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos y miembro de Número de la Academia Colombiana de Medicina-. Se justifica seguir profundizando en el tema a la espera de que algún día pueda entenderse bien y deje de ser una de esas preocupaciones que desconciertan y causan malestar a la sociedad que, por lo mismo, no sabe si convivir con ellas o propiciar el exterminio o el confinamiento de quienes las ocasionan".
En derecho
Colombia Diversa, una ONG que defiende la causa LGBT, no sólo le apunta al reconocimiento de derechos patrimoniales y seguridad social para los homosexuales. Demandó ante la Corte Constitucional la Ley 54 de 1990, que es el marco normativo de las uniones libres. Según el constitucionalista Rodrigo Uprimny, que participó en la demanda, "la discriminación por razones de la opción sexual no sólo tiene lugar cuando a un individuo le prohíben acceder a un empleo o lo sancionan por ser homosexual, sino también cuando por el hecho de ser del mismo sexo les limitan el acceso a los beneficios que el Estado les otorga a las parejas heterosexuales o cuando excluyen a los homosexuales de la posibilidad de constituir una familia susceptible de recibir protección del Estado".
Este tipo de discriminación fue la que sufrieron hace dos años el abogado Montenegro y el politólogo Vásquez, que hacía parte de la Unidad Legislativa de la senadora Córdoba y se quedó sin trabajo cuando ella perdió su curul. "Ricardo no me pudo afiliar a la seguridad social porque la ley nos discrimina -asegura Vásquez-.¿Por qué una señora sí puede afiliar a su marido si éste se queda sin empleo y los homosexuales no?" Ese es hoy el tema del debate en el Congreso y frente al cual el presidente del Polo Democrático, Carlos Gaviria, ha dejado clara su posición en numerosas oportunidades, cuando ha dicho que "si queremos que sea verdad lo que consagra la constitución -que los colombianos son libres e iguales ante la ley- es necesario garantizar la igualdad de derechos para las uniones entre homosexuales".
Por su parte, Uprimny sostiene que el Congreso está en mora de aprobar una legislación que haga honor a la pluralidad que reconoce la Constitución y afirma que desconcierta la posición de la Corte Constitucional "tan generosa en sus declaraciones de principio sobre los derechos a la igualdad, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de los homosexuales, pero tan renuente a permitir que éstos puedan ejercer estos derechos plenamente en la conformación de parejas y de familias homosexuales".
El debate sobre la igualdad de derechos de los homosexuales está abierto y seguirá abierto aun si el proyecto pasa los debates que faltan. Se trata de una discusión que apenas empieza en el mundo en desarrollo y que parece superada en el mundo desarrollado, donde algunos países ya permiten incluso el matrimonio -Bélgica, España, Holanda y Canadá, y el estado de Massachussets en Estados Unidos- y la adopción por parte de parejas homosexuales, puntos que hoy no figuran en la agenda colombiana.
La represión, la homofobia y las posiciones de la Iglesia y de las congregaciones cristianas han obligado a los homosexuales a mantener oculta su orientación sexual y en algunos casos a fingir orientación heterosexual, que es el origen de los términos "estar en el clóset", acuñado en Estados Unidos. Por eso "salir del clóset" es admitir de frente la condición homosexual, un paso difícil de dar en sociedades como la colombiana donde campean la doble moral y la mojigatería, pero en la cual muchos se han atrevido a dar el paso, alentados por iniciativas como la que se debate en el Congreso, apoyada por sectores uribistas y del Partido Liberal y el Polo Democrático. Como dijo a la salida del debate en el Senado Elizabeth Castillo, de la Mesa de LGBT, "la tarea sigue, porque la batalla pasa a la Cámara donde tendrá que afrontar dos debates más".
