Por Ricardo Montenegro-Vásquez*
Especial para zonacero.info PUBLICADO 2010-04-04
En Colombia la violencia y exclusión políticas han derivado en un conflicto social que tiene una expresión armada. Potenciado con las variables de narcotráfico y desatención del Estado a vastas zonas de la geografía nacional éste conflicto irresoluto completa algo más de seis décadas. La ambivalencia estatal entre solución política negociada y cierre al diálogo ha sido la constante, especialmente después del período conocido como el Frente Nacional, que fuera un acuerdo interpartidista para lograr el cese de la violencia por razones ideológicas.
La guerrilla de las autodenominadasFuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ejército del pueblo (FARC-EP) reducto de las desmovilizadas guerrillas liberales de mediados del siglo XX, es la expresión insurgente de mayor antiguedad y presencia en nuestro país. Profesando en la actualidad un credo marxista esta organización ha combatido al Estado combinando varias formas de lucha, entre ellas, la retención de secuestrados civiles y prisioneros de guerra de las fuerzas armadas; los primeros para derivar desde la extorsión algún sustento económico y los segundos para obtener su estatus de fuerza beligerante, generar hechos de opinión política y presionar un proceso de negociación que permita la liberación de combatientes presos en las cárceles nacionales y del mundo por medio de un intercambio humanitario.
Desde 1997 las FARC-EP en acciones de combate iniciaron la captura masiva de militares y policías presionando con fundamento en el Derecho Internacional Humanitario (DIH) la excarcelación guerrilleros sindicados o condenados por rebelión. En los gobiernos de Ernesto Samper (1994-1998) y Andrés Pastrana (1998-2002), se realizaron liberaciones parciales tanto de rehenes en poder de la guerrilla como de guerrilleros presos en manos del Estado.
En 2000, ese grupo guerrillero incorporó al grupo de rehenes decenas de civiles políticos tomados cautivos en distintas acciones y lugares del país para los mismos propósitos. La infame práctica del secuestro y la retención de prisioneros no era nueva en Colombia, pero si fue en éstos períodos en donde tuvo mayor ocurrencia. Otras fuerzas irregulares como el derechista grupo de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras guerrillas ahora desmovilizadas también utilizaron ésta medida de fuerza con fines económicos o políticos.
En 1999 la Senadora Piedad Córdoba, al momento presidenta de la Comisión de Paz del Congreso y Codirectora del Partido Liberal, fue secuestrada por las AUC y liberada 30 días después debido a la presión internacional y de las organizaciones de derechos humanos y de mujeres principalmente. Luego de esa amarga experiencia debió marchar al exilio con sus hijos al Canadá debido a la que la situación de orden público le impedía seguir su trabajo centrado en la búsqueda de escenarios para la paz y la reconciliación nacional. A su regreso y al reincorporarse a la acción parlamentaria me integré a su equipo de trabajo, desde ese momento he sido testigo ocular de todos los esfuerzos que hace por la construcción de una nueva Colombia justa, libre y en Paz. Ha sido Piedad Córdoba una abanderada de los esfuerzos por lograr el diálogo como solución al conflicto social y armado por el que atraviesa la república.
Luego de las innegables fallas que hacen fracasar los diálogos iniciados por el gobierno conservador de Pastrana con las FARC-EP que incluyeron el despeje del Caguán, nuestro país escoge como Presidente al disidente liberal Álvaro Uribe Vélez, quien propone con un discurso de derecha la ruta de mano firme contra la insurgencia y el cierre de las posibilidades de diálogo con las guerrillas, al tiempo que propone la desmovilización de las AUC mediante acuerdos como el de Santafé de Ralito.
Elegido inicialmente para el período 2002-2006 Uribe cambia la Constitución Nacional y se reelige para el período 2006-2010 que ahora concluye debido al hundimiento en la Corte Constitucional de un referendo que buscaba una nueva reelección presidencial.
El período Uribe ha estado signado por el incremento de acciones bélicas entre las fuerzas militares de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, que en la posesión presidencial de 2002 ejecutó un operativo contra las inmediaciones del Capitolio Nacional en donde se realizaba el acto inaugural; por su parte una fortalecida fuerza pública debido a la aplicación de impuestos, el redireccionamiento de recursos de inversión social con destino a la guerra y gracias al componente de ayuda norteamericana del Plan Colombia, inicialmente diseñado para combatir al narcotráfico, ha dado duro golpes a la insurgencia como la captura y/o muerte de varios cabecillas de la organización guerrillera, el aumento de la seguridad en las carreteras antes tomadas por ese grupo y la operación Jaque que logró la liberación de varios de los privados de la libertad.
En lo que respecta a la posibilidad de un diálogo con las guerrillas, el gobierno Uribe no considera que haya en Colombia un conflicto interno y tilda de banda de narcoterroristas a las organizaciones subversivas. Por lo anterior, el intercambio humanitario pedido por las organizaciones de derechos humanos y las familias de los cautivos ha sido aplazado permanentemente los últimos ocho años período de la seguridad democrática. Los ex Presidentes Liberales Alfonso López Michelsen (qepd) y Ernesto Samper Pizano, así como el Partido Liberal invocando las normas del DIH han insistido en la necesidad de acuerdos humanitarios para aproximar el fin de la guerra que se vive en Colombia.
Asimismo, la Senadora Córdoba ha sido portaestandarte de propuestas que apuntan a la posibilidad del diálogo directo entre el Estado y las organizaciones insurgentes.
Luego de una mediación autorizada por el gobierno en 2007 Piedad Córdoba con el concurso de países amigos logra acercamientos con las FARC-EP y consigue exitosamente la liberación unilateral de algunos de los secuestrados políticos. En 2008, luego de varias marchas ciudadanas por la libertad surge el grupo Colombianas y Colombianos por la Paz que integra intelectuales, artistas y expresiones de la sociedad civil que iniciamos un diálogo epistolar con el fin de impulsar una corriente de opinión pública favorable a la posibilidad negociada de paz.
Las liberaciones de todos los privados de la libertad ocupan el primero de los propósitos que se amplían a otros acuerdos tales como el sacar a los niños y niñas del conflicto, el respeto a la dignidad de las mujeres consideradas botín de guerra, así como el inicio de un proceso de diálogo entre las partes.
Cada liberación contiene una carga emotiva que llega al alma de mis compatriotas, he visto lágrimas de los uniformados al momento de ver descender del helicóptero a sus colegas, he leído mensajes con palabras de aliento a la labor que desarrollamos, sé que las liberaciones llenan de esperanza los corazones de todos los colombianos - incluidos los que están en armas - y nos dan fuerza a los que pensamos que la solución debe lograrse de manera pacífica, ya que el escalamiento de la guerra no ha traído sino desolación y muerte.
Hoy restan por regresar a la libertad un poco más de veinte uniformados considerados canjeables, también resta definir el número exacto de secuestrados civiles y desaparecidos, vamos a lograr que regresen pero no nos debemos quedar sólo con ello.
Al haber estado involucrado en todo el proceso de aproximación, considero que ya los caminos están abiertos y que la alegría que experimentamos al recibir de nuevo en el seno de la nacionalidad a quienes hace años no se encontraban entre nosotros, debe llamarnos a un replanteamiento de la forma como desde el Estado y la sociedad se miran los fenómenos ilícitos organizados como las guerrillas y los paramilitares, que intentan imponer agendas desde equivocadas formas de lucha. Las liberaciones son pequeños pero seguros pasos en ese camino hacia el cumplimiento del artículo 22 de la constitución nacional que obliga a buscar la paz.
Los hombres y mujeres progresistas de éste país no podemos depender del arbitrio de factores extranjeros o exógenos para acabar ya el derramamiento de sangre. La generación del bicentenario a la que pertenezco debe asumir las riendas de nuestro destino como nación, ocupándose de no aplazar más las soluciones a la inequidad en el reparto de la riqueza y desigualdad social dos de los combustibles nefastos de la guerra que vivimos. Sólo seremos un país moderno y civilizado cuando hayamos entendido que la paz es el ejercicio de la justicia social.
*Abogado, miembro de Colombianas y Colombianos por la PAZ
Publicado en zonacero.info
2010
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