Uniones homosexuales y visiones por un país diverso.
En el empeño de hacer este mundo más humano, desde la antigüedad múltiples colectivos sociales han protagonizado varias luchas, propiciando rupturas en algunos casos pacíficas, otras impuestas por la fuerza. Inspirados en ideales de igualdad la historia esta llena de ejemplos valerosos en la defensa de los derechos de los esclavizados, de las mujeres, por la libertad de cultos, por el derecho de asociación entre otras prerrogativas que las democracias modernas asumen en sus constituciones.
Después del exterminio nazi en el que además de judíos miles de homosexuales fueron señalados y asesinados, vino la proclamación de los derechos del hombre y el ciudadano. Los años sesenta del siglo XX llegaron con vientos de paz y amor para todos, al tiempo que luego del choque entre la fuerza pública y homosexuales de Nueva York que pacíficamente se divertían en una discoteca de nombre Stonewall, se visibiliza la lucha por la igualdad de derechos de la población que conforman lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros (LGBT).
El hemisferio occidental, pleno de garantías sociales, no ha sido ajeno al debate sobre el otorgamiento de derechos a las personas LGBT. Argumentos a favor y contra se esgrimen en nuestras democracias, representando una real prueba a la capacidad de la sociedad de asumir a los distintos como iguales. En Latinoamérica por la influencia judeocristiana de su sistema de valores el avance ha sido poco. Algunos países han logrado equiparar civilmente, por ejemplo, las uniones del mismo sexo con las parejas heterosexuales en sus efectos patrimoniales.
La discriminación de la que han sido objeto las personas con especificidades sexuales distintas a la de la mayoría, se mantiene aún en varios rincones del planeta en donde se desconoce sus derechos llegando incluso al extremo de quitar la vida a quienes mantengan prácticas íntimas con personas del mismo sexo. Los conceptos de familia y sociedad que distan de la realidad son la norma y la excusa para evadir el tema.
En Colombia la actividad a favor de los derechos LGBT ha estado enmarcado en un proceso de múltiples etapas. De sus inicios clandestinos por la ilegalidad de las relaciones homosexuales, se pasó a una etapa en la cual los profesores universitarios LEON ZULETA (asesinado en 1994) y MANUEL VELANDIA (quién por amenazas marchó al exilio en España) dieron la cara y provocaron la discusión pública sobre el asunto logrando con ello la despenalización de la conducta lo cual redundó en mayor igualdad ante la ley.
Al aprobarse la constitución de 1991, llena de garantías sociales a grupos como indígenas, afrodescendientes, entre otros colectivos fue la Corte Constitucional la que en sus sentencias estableció con completa claridad que, "desde la perspectiva de nuestra Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, es inadmisible establecer diferenciaciones con base en la orientación sexual" (Sentencias C-098 de 1996 y siguientes)
La aspiración de tener libertad e igualdad en la disposición de vida, honra y bienes, llevó a una nueva etapa de desarrollo del activismo desde la persuasión a la sociedad y en la aspiración de una legislación acorde a la situación de las personas LGBT. Al Congreso de la república han llegado seis proyectos de ley que han contado con el apoyo de parlamentarios progresistas que venciendo la férrea oposición desde varias confesiones religiosas y sectores retardatarios de la sociedad, proponen normas que protegen la diversidad sexual. Desafortunadamente, los mismos han surtido un trámite poco exitoso, ya que esas iniciativas de ley han sucumbido ante los argumentos excluyentes que tienen origen en la moral heterosexista y la conveniencia económica.
El proyecto de ley 214 de 2007 de Senado, radicado como 05 de 2007 de Cámara, fue el último de los que se chocó contra la gran muralla injusta de la discriminación, a pesar de los esfuerzos de las senadoras Gloria Inés Ramírez del Polo Democrático y Piedad Córdoba del Partido Liberal, y los representantes Venus Albeiro Silva (Polo) y María Isabel Urrutia (Alianza Afrocolombiana) escudados en razones de poco rigor jurídico la comisión séptima ordenó archivar esta nueva iniciativa.
Para no olvidar y reprocharles su conducta damos a conocer los senadores que votaron en contra: Jesus Antonio Bernal Amorocho (del Polo quien adujo objeción de conciencia), Jairo Tapias (P. Cambio Radical), Pastor Evangélico Victor Velasquez (P.Colombia Viva - Unión Cristiana), Milton Rodriguez (P. Conservador), Alfonso Nuñez Lapeira (P. Conservador) Ricardo Arias Mora (P. de La U), Claudia Rodriguez de Castellanos (P.Cambio Radical – Cristiana). No concurrieron a la votación: Rodrigo Lara (P.Cambio Radical) y Jorge Eliecer Ballesteros (P.Alas Equipo Colombia).
A pesar de lo anterior y del grave desconocimiento que existe en las vastas zonas atravesadas por el conflicto social y armado, el conjunto de la sociedad colombiana ha ganado cada vez que se han presentado estos proyectos de uniones. La adhesión y simpatía que generan estas normas en cada vez más ciudadanos, en especial jóvenes, desembocará necesariamente en un país más igual. Colombia entenderá con el tiempo que existen varios tipos uniones de parejas, distintas maneras de conformar familia y diversas formas de asumirse como persona en la sociedad, así ha ocurrido en la antes confesional y católica España, en la conservadora norteamérica y en cada vez más países del orbe.
Sería deseable que nuestros maestros, legisladores, jueces y gobernantes como aporte a la necesaria convivencia pacífica tan esquiva entre colombianos y colombianas perciban esa visión nueva de sociedad que necesitamos y desde sus esferas de poder eliminen todas las injusticias contra una parte importante de la nación. A las organizaciones defensoras de derechos humanos y a la comunidad LGBT hay que hacerles un llamado de atención para que asuman una dinámica distinta frente al Congreso, dando ejemplo a las generaciones venideras al presionar espacios para la paz y la reconciliación en un país al que le urgen medidas incluyentes y no dogmáticas reglas de conducta.
Ricardo Montenegro-Vásquez
Abogado, Defensor de Derechos Humanos
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