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"No somos de segunda" Escrito por Redacción/Revista Cambio domingo, 22 de octubre de 2006 Las parejas homosexuales buscan su reconocimiento, no solo legal, sino social, tal vez el más difícil. Los homosexuales ganan la primera batalla por los derechos de las parejas 'gay'. Pero una encuesta de Opinómetro muestra que están lejos de ganar la guerra de la opinión. "No somos ciudadanos de segunda, somos ciudadanos que pagamos impuestos, somos productivos y no reclamamos nada que no les den a los demás", dice Andrés Vásquez, un politólogo de 26 años de la Universidad Javeriana y quien durante cuatro años tuvo una relación de pareja con Ricardo Montenegro, un abogado de la Universidad del Norte, de 35 años. Ya terminaron su relación pero siguen siendo buenos amigos y aunque no se consideran activistas de la causa LGTB -lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas-, desde 1999 y de la mano de la senadora Piedad Córdoba vienen impulsando un proyecto que garantice a los homosexuales el derecho a la igualdad y a la diferencia que consagra la Constitución. Creen que el proyecto que cursa en el Congreso es limitado porque sólo busca garantizarles derechos patrimoniales y seguridad social a las uniones de personas del mismo sexo, pero reconocen que es un avance. Por su parte, Sebastián Romero, biólogo de 28 años, y Arturo Sanjuán, de 27 años, profesor de Matemáticas de la Universidad Distrital, que son pareja desde hace seis años, cuentan que viven juntos desde hace dos años y que, contrario a lo que les sucede a la mayoría de los homosexuales que no son aceptados por sus familias, ellos contaron desde el comienzo con el apoyo de sus padres. "Y eso que mi mamá es cristiana -dice Arturo-. Sin embargo, fue ella la que dijo en el Senado que tenía un hijo gay". Y agrega Sebastián: "Por eso la echaron de la Iglesia". La pareja hace parte del Polo de Rosa, el sector homosexual del Polo Democrático y frente al tema del proyecto de ley en el Congreso, están convencidos de que es un paso importante: "Con la flexibilización laboral, hay períodos en que una persona puede quedar descubierta en salud y eso justamente fue lo que me pasó cuando tuve un accidente -cuenta Sebastián-. Tuve que pagar los gastos en efectivo porque aunque Arturo tiene seguridad social por su vinculación a la Universidad, yo no podía acceder a los servicios". Desde 1999 hasta hoy, el Congreso ha hundido cuatro proyectos sobre un tema que, según algunos cálculos, compromete entre el 7 y 10% de la población. Pero como no hay quinto malo, esta vez la iniciativa liderada por el senador Álvaro Araújo, y acompañada por dirigentes uribistas y de la oposición como la senadora de La U, Gina Parody, el conservador Luis Humberto Gómez Gallo, y el senador del Polo Democrático, Luis Carlos Avellaneda, ponente en la plenaria, logró superar muchas dificultades y el martes de la semana pasada, tras el segundo debate en el Senado, obtuvo 49 votos a favor y 40 en contra. Un paso importante pero no el último en la dirección del reconocimiento de los derechos de la comunidad homosexual. Los promotores del proyecto saben que los dos debates que deberá surtir en la Cámara, en comisión y en plenaria, serán batallas más duras que las libradas hasta ahora. Iglesia y opinión La mayor oposición a la iniciativa la ha hecho la Iglesia Católica que, por medio del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Augusto Castro, fijó su posición en una carta que remitió al Senado el 28 de junio: "La Iglesia no puede aprobar las uniones homosexuales porque atentan contra la ley moral natural y porque el matrimonio sólo existe entre dos personas del sexo opuesto". Críticas similares han hecho las congregaciones cristianas -algunas de ellas representadas en el Congreso por senadoras como Claudia de Castellanos y Alexandra Moreno Piraquive-, que el viernes 6 de octubre desplegaron su artillería y lograron concentrar cerca de 100.000 personas en la Plaza de Bolívar para rechazar la iniciativa. Consideran que el proyecto atenta contra la familia y para oponerse al proyecto han echado mano hasta de publicidad agresiva, como los folletos que distribuyó entre los congresistas el representante cristiano Luis Enrique Salas, con fotografías de travestis y leyendas como: "Estos pueden ser los próximos profesores en nuestros jardines infantiles" y "Entre el 22% y el 60% de los homosexuales han sido pederastas". Salas explica la ofensiva, considerada mezquina y de mal gusto, con el argumento de que "el pueblo cristiano, que representa el 95% de la Nación, no está dispuesto a admitir ultrajes contra la dignidad humana mediante la aprobación del sodómico (sic) proyecto por medio del cual pretenden sacar del closet al 1% de nuestros compatriotas, sino abrir de par en par la posibilidad de que en el mañana nuestros menores huérfanos y nuestros hijos en edad escolar sean adoptados o educados por personas que no reúnen las más mínimas calidades de moralidad". Preocupados por este tipo de discurso de las iglesias cristianas que, según la comunidad, incita a rechazar y a odiar a los homosexuales, Arturo y Sebastián lo califican de "muy peligroso" porque tiene mucha acogida entre le gente. "Estamos viviendo una época muy maniquea con el brote del fundamentalismo y esa división del mundo entre buenos y malos -dicen-. La fobia contra la homosexualidad crece y la pregunta es si lo que viene no es una propuesta para quemar maricas". Y este es precisamente el problema: que los opositores del proyecto plantean el debate en el terreno de la moral y de las convicciones religiosas, a pesar de que la ley no pretende darles carácter de matrimonio a las uniones de homosexuales y su marco es la Constitución de un Estado laico, cuya obligación es garantizar los derechos fundamentales de toda la población, independientemente de raza, credo u orientación sexual. "El Estado califica en forma negativa a los homosexuales, como si no tuvieran el mismo valor que los heterosexuales -dice Daniel Bonilla, director del departamento de Derecho Público de la Universidad de Los Andes-. Esto es grave para la misma legitimidad del Estado porque les vulnera varios de sus derechos fundamentales". De ahí la importancia de entender el marco del debate y también por qué en este tipo de materias resulta válida la objeción de conciencia a la que tienen derecho los congresistas y que contempla la ley de bancadas. Una encuesta contratada por CAMBIO a Opinómetro-Datexco -realizada el 3 de octubre en plena discusión del tema- con 700 personas mayores de 18 años en las 13 principales ciudades del país-, revela que con respecto a la propuesta del proyecto, que les reconoce derechos patrimoniales y seguridad social a las parejas homosexuales, la opinión está polarizada: 49,3% en contra y 43,5% a favor. Pero en relación a las preguntas sobre matrimonio y adopción todavía hay mucho temor porque el rechazo es altísimo: 75% se opone al matrimonio y 86.3% a la adopción (ver encuesta). Si bien es cierto que adopción y matrimonio no son materia del proyecto, la discusión está sobre el tapete en casi todo el mundo, pero todo indica que en Colombia tendrá que pasar aún mucha agua por debajo del puente antes de que sean discutidos en el Congreso y aceptados por la sociedad. "El comportamiento homosexual es un asunto que en casi todos los países viene siendo debatido en las últimas décadas, porque compromete la estabilidad de las normas que las sociedades han establecido en aras de un adecuado ordenamiento de las costumbres -asegura Fernando Sánchez Torres, presidente del Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos y miembro de Número de la Academia Colombiana de Medicina-. Se justifica seguir profundizando en el tema a la espera de que algún día pueda entenderse bien y deje de ser una de esas preocupaciones que desconciertan y causan malestar a la sociedad que, por lo mismo, no sabe si convivir con ellas o propiciar el exterminio o el confinamiento de quienes las ocasionan". En derecho Colombia Diversa, una ONG que defiende la causa LGBT, no sólo le apunta al reconocimiento de derechos patrimoniales y seguridad social para los homosexuales. Demandó ante la Corte Constitucional la Ley 54 de 1990, que es el marco normativo de las uniones libres. Según el constitucionalista Rodrigo Uprimny, que participó en la demanda, "la discriminación por razones de la opción sexual no sólo tiene lugar cuando a un individuo le prohíben acceder a un empleo o lo sancionan por ser homosexual, sino también cuando por el hecho de ser del mismo sexo les limitan el acceso a los beneficios que el Estado les otorga a las parejas heterosexuales o cuando excluyen a los homosexuales de la posibilidad de constituir una familia susceptible de recibir protección del Estado". Este tipo de discriminación fue la que sufrieron hace dos años el abogado Montenegro y el politólogo Vásquez, que hacía parte de la Unidad Legislativa de la senadora Córdoba y se quedó sin trabajo cuando ella perdió su curul. "Ricardo no me pudo afiliar a la seguridad social porque la ley nos discrimina -asegura Vásquez-.¿Por qué una señora sí puede afiliar a su marido si éste se queda sin empleo y los homosexuales no?" Ese es hoy el tema del debate en el Congreso y frente al cual el presidente del Polo Democrático, Carlos Gaviria, ha dejado clara su posición en numerosas oportunidades, cuando ha dicho que "si queremos que sea verdad lo que consagra la constitución -que los colombianos son libres e iguales ante la ley- es necesario garantizar la igualdad de derechos para las uniones entre homosexuales". Por su parte, Uprimny sostiene que el Congreso está en mora de aprobar una legislación que haga honor a la pluralidad que reconoce la Constitución y afirma que desconcierta la posición de la Corte Constitucional "tan generosa en sus declaraciones de principio sobre los derechos a la igualdad, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de los homosexuales, pero tan renuente a permitir que éstos puedan ejercer estos derechos plenamente en la conformación de parejas y de familias homosexuales". El debate sobre la igualdad de derechos de los homosexuales está abierto y seguirá abierto aun si el proyecto pasa los debates que faltan. Se trata de una discusión que apenas empieza en el mundo en desarrollo y que parece superada en el mundo desarrollado, donde algunos países ya permiten incluso el matrimonio -Bélgica, España, Holanda y Canadá, y el estado de Massachussets en Estados Unidos- y la adopción por parte de parejas homosexuales, puntos que hoy no figuran en la agenda colombiana. La represión, la homofobia y las posiciones de la Iglesia y de las congregaciones cristianas han obligado a los homosexuales a mantener oculta su orientación sexual y en algunos casos a fingir orientación heterosexual, que es el origen de los términos "estar en el clóset", acuñado en Estados Unidos. Por eso "salir del clóset" es admitir de frente la condición homosexual, un paso difícil de dar en sociedades como la colombiana donde campean la doble moral y la mojigatería, pero en la cual muchos se han atrevido a dar el paso, alentados por iniciativas como la que se debate en el Congreso, apoyada por sectores uribistas y del Partido Liberal y el Polo Democrático. Como dijo a la salida del debate en el Senado Elizabeth Castillo, de la Mesa de LGBT, "la tarea sigue, porque la batalla pasa a la Cámara donde tendrá que afrontar dos debates más".

Comunidad Andina: En átomos volando!

Por Ricardo Montenegro-Vásquez*

Ante la crisis del último mes se debate en Quito el futuro de la Comunidad Andina (CAN), organismo multilateral que por casi cuatro décadas ha existido bajo la premisa de impulsar la integración económica, social y cultural entre Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Dos hechos se presentan ante la opinión pública como la estocada final de la CAN. La noticia de que Chávez saca Venezuela del organismo multilateral y las decisiones de Evo alrededor de la nacionalización de las compañías de hidrocarburos en Bolivia, lo cual afecta a sus vecinos. Acontecimientos que en mi concepto profundizan una crisis que viene de tiempo atrás, y no había sido atendida hasta ahora.

Complicada situación tienen entre manos el reelegido mandatario de Colombia y a los saliente y entrante de Perú, partidarios de la continuación del bloque económico político. Tampoco esta fácil para el gobierno ecuatoriano, que se ha presentado neutral, por las complicaciones que dentro de su país ha ocasionado el Tratado de Libre Comercio (TLC), que conjuntamente con sus otros dos vecinos estudió y esta a punto de aprobar.

Y es que el eje central del problema actual, que tiene “en átomos volando” cual Ricaurte en San Mateo a la comunidad, presenta dos aspectos importantes que pasan por la pobre reducción de aranceles entre los integrantes de la CAN y la negociación conjunta de Colombia, Ecuador y Perú de sendos tratados de libre comercio TLC con los Estados Unidos, propuesta que reemplazó la iniciativa del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA.

Venezuela que anunció con bombos y platillos su partida y Bolivia que asume la presidencia el moribundo bloque subregional, han sido especialmente críticos sus antiguos socios de la CAN al acusarles de romper de los principios de solidaridad y transparencia consagrados en la Decisión 598 de la Comunidad Andina, por comprometerse estos tres países a firmar TLC Andino. Los señalados se defienden comentando que la Decisión 598 ya ha sido violada al destaparse las intenciones de Bolivia y Venezuela de incorporarse al MERCOSUR.

Precisamente, la probable decisión evo-chavista, de entrar al bloque subregional del cono sur, no es tomada al azar. MERCOSUR mueve anualmente 150.000 millones de dólares, cifra muy superior a los 9.000 que representan últimamente los negocios entre los cinco países andinos. Aunque moleste a Brasil y Argentina, muy seguramente si fracasan las negociaciones de la CAN, allá tendrán que recibir a Bolivia y Venezuela con el apoyo de los otros países del bloque.

Sea cual sea el resultado de las reuniones entre los cancilleres y presidentes de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia de esta semana (a Venezuela no lo invitaron), lo cierto es que el daño esta hecho, la Comunidad Andina esta herida de muerte y no se avisora un panorama de unidad en la región por su recuperación.

Quedan interrogantes no resueltos sobre el devenir de los organismos que de todo tipo se han creado en el burocratizado sistema andino que cuenta con tribunales, parlamento y organismos socio – culturales, que hasta ahora se pellizcan del golpe que significaría la terminación de lo único medio eficiente del sistema, que ha sido precisamente lo referente a preferencias arancelarias. Se evidencia adicionalmente la inacción diplomática de la CAN y podríamos dar por descontado que las iniciativas brasilera de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) y la denominada “Alternativa Bolivariana para la América” (ALBA) de autoría del eje cubano – venezolano, tampoco son por el momento ideas realizables, como tampoco un acuerdo con la Unión Europea .

La falta de voluntad política real para la integración resulta en el paupérrimo resultado social, comercial y político de este esfuerzo que languidece, sin haber logrado siquiera eliminar las visas entre Colombia y Venezuela.

*Abogado, Secretario Unidad Internacional Partido Liberal Colombiano www.ricardomontenegro.com

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